La ciencia abierta terminó detrás de otro peaje
APC, acuerdos transformativos, editoriales comerciales y desigualdad para publicar desde América Latina.
Manuel García Pacheco
Bibliotecólogo · Especialista en Gerencia del Servicio · Magíster en Dirección Estratégica · Medellín, Colombia
ORCID 0009-0008-6054-1753 · www.manuelgarciap.com
La ciencia abierta terminó detrás de otro peaje.
Durante años dijimos que el problema era el muro que impedía leer.
Y teníamos razón.
Pero una parte del sistema editorial no eliminó la factura: la movió.
Antes, la biblioteca pagaba para que su comunidad pudiera entrar.
Ahora, el autor, su proyecto o su universidad pagan para que el artículo pueda salir abierto.
Propongo llamar a esta mutación “peaje invertido”.
La evidencia permite dimensionarlo:
— Cinco grandes editoriales recibieron un estimado de USD 1.060 millones en APC entre 2015 y 2018. En ese estudio, publicar en revistas híbridas costó en promedio 46 % más que en revistas doradas.
— Una prepublicación posterior estimó USD 8.349 millones en APC nominales para seis editoriales entre 2019 y 2023. No es una contabilidad auditada; justamente por eso revela otro problema: el mercado crece más rápido que nuestra capacidad pública de observarlo.
— Para Colombia, una investigación revisada por pares identificó 7.519 pagos asociados con publicaciones entre 2013 y 2020: USD 11,98 millones, con un promedio de USD 1.593.
El contraste latinoamericano es decisivo.
En diciembre de 2025, DOAJ registraba 3.337 revistas de América Latina.
Solo 166 cobraban APC.
El 95,2 % no pedía una tarifa al autor.
La región ya había construido otra idea de apertura: SciELO, Redalyc, Latindex, AmeliCA, LA Referencia, revistas universitarias y repositorios sostenidos como infraestructura académica.
No son gratuitos.
Alguien paga servidores, edición, DOI, XML, preservación, corrección y trabajo profesional.
La diferencia es política:
el costo se dirige a una capacidad común, no a comprar el derecho individual de publicar un manuscrito.
Los acuerdos transformativos pueden ser útiles. Reducen trámites, agregan demanda y abren artículos de autores cubiertos.
Pero un contrato no se vuelve transformativo por llamarse así.
Debe demostrar que:
1. reduce el costo total;
2. evita de manera auditable el doble pago;
3. no deja por fuera a universidades pequeñas o regionales;
4. tiene una salida del modelo híbrido;
5. no desfinancia revistas diamante ni repositorios;
6. deja más capacidad abierta cuando termina.
Colombia tiene una oportunidad especial.
La Política Nacional de Ciencia Abierta 2022–2031, RedCol, Publindex, las revistas universitarias y la experiencia del Consorcio Colombia ofrecen piezas valiosas.
Falta conectarlas con una pregunta que hoy nadie puede responder en un tablero público nacional:
¿Cuánto paga realmente el país para leer, publicar, describir, preservar y reutilizar su producción científica?
En este artículo propongo cuatro instrumentos:
— costo total de comunicar: integrar suscripciones, APC, acuerdos, plataformas, revistas, repositorios, preservación y trabajo profesional;
— deuda editorial de apertura: reconocer los estándares exigidos a revistas y repositorios sin financiación basal suficiente;
— prueba de neutralidad económica: comprobar si cualquier autor puede publicar sin depender de su dinero o del contrato correcto;
— soberanía editorial abierta: conservar capacidad financiera, jurídica, tecnológica, informacional y epistémica para comunicar conocimiento.
La biblioteca académica puede liderar este cambio.
No como ventanilla de descuentos.
Como observatorio de la economía de publicación: cuánto cuesta, quién se beneficia, quién queda por fuera y qué capacidad pública sobrevive al contrato.
La pregunta final no es si publicar cuesta.
La comunicación científica siempre consume recursos.
La pregunta es si pagamos para fortalecer una infraestructura común o para alquilar permisos transitorios de participación.
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